Las empresas tienen muchas responsabilidades fiscales y una de ellas es pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que grava la propiedad, la titularidad de derechos reales de usufructo, de superficie o, de una concesión administrativa, sobre los bienes inmuebles situados en cada término municipal.
Las consecuencias por el retraso o, el impago, de este impuesto obligatorio en el plazo establecido son significativas y pueden afectar tanto a la salud financiera como a la reputación en el mercado de cualquier empresa. Hoy aprovechamos para comentaros algunas:
En primer lugar, si no se abona en el plazo establecido, Hacienda dará comienzo al periodo de recaudación ejecutiva y se recibirá una notificación del Ayuntamiento, donde se indica la deuda del propietario a través de una providencia de apremio.
A partir de ese momento los importes se pueden incrementar con los recargos: Desde un 5% si se paga fuera de plazo, pero antes de que el Ayuntamiento enviara la notificación de apremio, hasta un 10% si se ha notificado el apremio y pasan entre tres y seis meses y, puede llegar a aumentar hasta un 20% en otros casos.
En segundo lugar, si la cantidad continúa sin subsanarse, tras el periodo voluntario y el del apremio, se dictará una diligencia de embargo, sobre las cuentas bancarias, nóminas e incluso bienes, con el objetivo de cubrir los importes de la deuda, intereses de demora, recargos e incluso las costas del procedimiento de apremio (artículo 169 de la Ley General Tributaria).
A las consecuencias financieras se suman las que afectan a la imagen y la reputación de la empresa. En el mundo de los negocios, la transparencia y la responsabilidad son fundamentales y no pagar los impuestos requeridos – aunque no se esté de acuerdo con los mismos – puede ser visto como una falta de ética y profesionalidad que perjudique a la empresa a medio y largo plazo.