Ante las dudas que está generando el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha puntualizado que la subida no es obligatoria, ni generalizada, sino que el Gobierno ha elevado algunos de los coeficientes máximos que se aplican en los cálculos de las plusvalías y deja en manos del Ayuntamiento la decisión de si quiere subir llegando a ese máximo, pero no tiene la obligación de subirlos ni de aplicar el máximo, ya que los PGE establecen los coeficientes máximos, pero no mínimos.
La actualización de los coeficientes está habilitada por la normativa propia del impuesto, que establece que “estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente mediante norma con rango legal, pudiendo llevarse a cabo dicha actualización mediante las leyes de presupuestos generales del Estado”.
Además, el Real Decreto-Ley del 2021, que el Gobierno aprobó para adaptar el impuesto de la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó la fórmula vigente hasta ese momento, reconoce la posibilidad de que, sólo a los efectos de este impuesto, los Ayuntamientos corrijan hasta un 15% a la baja los valores catastrales del suelo, para poder adaptar ese tributo a la realidad inmobiliaria de cada municipio.