La revisión, iniciada en agosto de 2015, se extiende a municipios como Valencia, Alzira, Massamagrell o Benetússer. La regulación tiene carácter retroactivo y conlleva el pago de una tasa de 60 euros. La última fase investigará Elx o Vila-real.
Los propietarios de Valencia ciudad que en su día no declararan ese cerramiento de terraza por el que le han ganado metros a su vivienda o esa piscina en la azotea por la que no están pagando, están recibiendo estos días la pertinente notificación de la Dirección General del Catastro para requerirle la puesta al día del impuesto y, de paso, el pago retroactivo de lo dejado de ingresar.
En total, el Ministerio de Hacienda ha revisado durante los últimos 16 meses los 675.067 inmuebles que tiene registrados el Catastro en la ciudad de Valencia para comprobar si han sufrido actualizaciones no declaradas. Para ello, los técnicos de Hacienda utilizan diversas técnicas: desde la visita a pie de calle o la comparativa de fotografías aéreas hasta el empleo de drones para la comprobación.
Los especialistas del sector, como la empresa Impuestalia, especializada en el IBI, estiman que, del total de inmuebles revisados, Hacienda encontrará obras o ampliaciones sin declarar en cerca del 10% de los casos, lo que puede elevar la detección de casos a más de 60.000 solo en la ciudad de Valencia. En ciudades donde ya se ha realizado la revisión, este porcentaje de obras afloradas supuso un 8%, por ejemplo, en Segorbe. De los 11.150 inmuebles registrados en la ciudad en 2014, el Catastro detectó 892 irregularidades, 153 solo por nuevas piscinas por las que no se estaba tributando.
La empresa no tiene, sin embargo, datos sobre el impacto económico que puede suponer esta última revisión aunque solo en la ciudad de Valencia, el valor catastral de lo construido y declarado alcanza los 14,3 millones de euros.
Retroactividad
Una vez encontrado ese cerramiento o esa caseta de labranza ampliada, la Gerencia del Catastro pasa a realizar la notificación a los propietarios advirtiendo de que se va a actualizar el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) integrando esta nueva realidad y requiriendo el pago de forma retroactiva. Además, los propietarios deben pagar una tasa de 60 euros por, en principio, los costes administrativos.
En la notificación se incluye, además, un Código Seguro de Verificación (CSV) que permite consultar a través de la sede electrónica del Catastro, la situación del inmueble antes y después de la regularización, para ver las discrepancias detectadas.
Desde la empresa Impuestalia advierten, sin embargo, que algunas de las discrepancias detectadas por el ministerio no son tales y suele ocurrir «que un toldo echado sobre una terraza o patio interior se interprete como un cerramiento, cuando no sea así», informaron ayer fuentes de la empresa. Es por ello que desde la firma aconsejan revisar siempre las notificaciones enviadas por el Ministerio de Hacienda ya que, según su experiencia en este tipo de tramitaciones suele haber errores en el 7% de los casos.
«Lo ideal es revisar dicha documentación para estimar si es correcta», insiste Carmen Villa, directora general de Impuestalia.
Si el propietario no está de acuerdo con la notificación, tiene la posibilidad de reclamar durante 15 días aportando las pruebas que estime pertinentes.
Otros 107 municipios
Esta revisión extraordinaria del catastro de inmuebles –que ha incluido a la capital– afecta además a otros 16 municipios valencianos y 2 de Alicante (Alzira, Onil o Benetússer , entre otros), y forma parte del procedimiento especial que el Ministerio de Hacienda puso en marcha en 2013 para aflorar aquellas obras nuevas o modificaciones por las que no se estaba cobrando.
Hacienda ha dividido en estos años el procedimiento en varias fases (afecta a toda España). Este bloque de 17 municipios en Valencia es el penúltimo que se realiza y que afecta a la Comunitat Valenciana pero aún resta el último, y más numeroso y que incluye 107 poblaciones de toda la comunidad, 63 solo en la provincia de Valencia, y que comenzó el pasado mes de febrero. En esta última fase se revisarán los inmuebles de grandes núcleos de población como Torrent, Elx o Vila-real.
Esta última fase se ha ampliado y, pese a que en un principio debía acabar con el año, no concluirá hasta julio de 2017, por lo que las notificaciones llegarán a finales del año próximo.
Fuente: Victoria Salinas. Levante – El mercantil valenciano. 1 de enero de 2017.